Algunas reflexiones después de la carta del 7 de mayo de 2017
La carta de los decanos respecto a los matrimonios
en la Tradición os ha sorprendido. Estando en la imposibilidad de responder
todo los correos que he recibido después de su lectura, preferí escribir un
texto común. Muchos me han expresado su reconocimiento. Otros, lo sé, no creen
poder aprobar el método utilizado. Otros tal vez no están de acuerdo con el
mismo contenido de la carta de los decanos.
La agitación es una mala consejera. Es en la oración
y en la preocupación por trabajar en la salvación de las almas -empezando por
la propia- que la defensa de la fe puede ser contemplada, y es en este espíritu
que yo escribo. Es en la paz que pueden ser superados
los deseos, los temores y las esperanzas que oscurecen con demasiada facilidad
el juicio. Al contrario, no se trata de refugiarse en el silencio mientras que, precisamente, las almas se pierden. La Iglesia está infiltrada por enemigos que
no duermen y que han logrado hacer apostatar a millones de bautizados. El
silencio puede y debe ser guardado en ciertas circunstancias. Pero cuando uno
está arrinconado, cuando hay que realizar un acto que no es honesto, entonces
la negativa debe ser clara. Que ciertos sacerdotes no se den cuenta
inmediatamente de las consecuencias de los actos que quieren imponerles, no
cambia la naturaleza de las cosas. El tiempo hará su obra de decantación para
todas las almas de buena voluntad.
Se
nos acusa de haber tomado a los fieles como rehenes sometiendo a ellos un problema
que no eran capaces de resolver. Yo rechazo esta acusación, en primer lugar, porque el matrimonio es una cosa pública. Su celebración compete a los esposos
que son los ministros del sacramento, así como a todos los fieles. Por supuesto
que la carta de los decanos pide un poco de reflexión y algunos la
comprendieron mal. Pero con estos argumentos, es lo mismo que renunciar a hacer
el mínimo curso de catecismo. ¿Habría que renunciar a condenar los errores del
concilio porque frecuentemente son difíciles de comprender?
Iré
más lejos y regresaré a la acusación. Son los sacerdotes los que han sido
tomados por rehenes y es por eso que ellos no podían callarse. Apenas Roma
había publicado su texto cuando impusieron a toda la Fraternidad los profundos
y públicos agradecimientos dirigidos al Santo Padre. En un “comentario
autorizado” publicado por la Casa General en internet, se anunció
inmediatamente la dirección que tomarían los sacerdotes de la Fraternidad. La
revista DICI hizo coro para anunciar que los sacerdotes entrarían en el marco
impuesto por Roma y los superiores de la Fraternidad. ¿Había que contentarse
con obedecer sin protestar? ¿Los sacerdotes deben modificar su manera de
ejercer el ministerio sin reflexionar? Más allá de la cuestión del derecho, de
nuevo intentaré exponer el problema de conciencia que se plantea.
En
nuestros días, el asalto principal del infierno contra la pobre humanidad es
sobre el matrimonio. Nadie puede ignorar este ataque pues la familia es la
célula de base de la sociedad. Todos tienen el deber de defender la unión matrimonial
en su naturaleza, su fin y sus propiedades. Además los bautizados que confiesan
el carácter sacramental del matrimonio cristiano, deben proteger la profesión
de fe que comporta todo consentimiento matrimonial. Los futuros esposos que
serán los ministros de este sacramento (un sacerdote no “casa”) no tienen el
derecho de celebrarlo de una manera equívoca. Los sacerdotes tienen el deber de
recordarles eso y de ayudarlos a protegerse de las astucias del clero modernista.
El
4 de abril de 2017, el cardenal Müller dio a conocer la autorización otorgada
por el Santo Padre a los obispos de todo el mundo de delegar un sacerdote
diocesano para bendecir el matrimonio de los fieles de la Fraternidad, o, en
caso de imposibilidad, de conceder a los sacerdotes de la Fraternidad las
facultades necesarias. Entonces fue anunciado que esta decisión del Santo Padre
iba a cambiar nuestra práctica actual. Ustedes saben que esta práctica consiste
en incitar a los fieles a aprovechar las disposiciones del canon 1098. Éste
permite casarse sin recurrir al clero conciliar en razón del grave peligro para
la fe que eso comporta. De ahora en adelante habrá que recurrir a los obispos y
actuar en función de sus respuestas. Algunos sacerdotes proponen una
cooperación mínima a esta nueva práctica contentándose con informarse cerca de los
obispos (sin hablar de ello a los fieles…) de lo que piensan hacer en la línea
o en el marco de la carta del cardenal Müller.
Pues
es allí que se plantea un verdadero problema de conciencia. ¿Está permitido
alinearse o entrar en ese marco? Es suficiente contemplar las diferentes respuestas posibles -respuestas que
habremos provocado nosotros mismos- para darse cuenta de la inmensa dificultad.
La posibilidad de hacer intervenir por principio un
sacerdote modernista durante una ceremonia de matrimonio es ciertamente
imposible. Yo no pienso extenderme en este punto.
Ahora, si el obispo quiere enviar a un sacerdote de
su diócesis (o venir él mismo), ¿cómo reprochar el hacer exactamente lo que
el papa lo invita a hacer? ¿Cómo podemos agradecer
profundamente al papa por su decisión, escribir al obispo en el marco de esta
decisión, y luego rechazar la respuesta positiva del obispo? ¿Cómo podemos
alabar una decisión y ver un “grave inconveniente” cuando ésta es aplicada? Por
otro lado, es imposible recurrir a falsos argumentos, como por ejemplo decir que
es la pareja la que rechaza esta presencia de un sacerdote conciliar, o que es
la perplejidad que engendraría en nuestros fieles lo que nos obligarían a rechazar
la proposición del obispo. El pastor debe preceder al rebaño. Los sacerdotes de
la Fraternidad no se esconden detrás de la perplejidad de los fieles, sino que
la iluminan.
Si
el obispo rechaza toda delegación, ¿cómo podemos decir entonces que el recurso
al canon 1098 se vería reforzado mientras que el grave inconveniente sería
rebajado a una cuestión personal? Ya no son los futuros esposos los que se
negarían a recurrir a una autoridad peligrosa para la fe, sino que es tal
obispo que le niega a tal sacerdote en tal lugar y en tal momento una delegación
que éste se creyó obligado de pedir. La lógica de este planteamiento no permite
ni siquiera ver allí una injusticia, que por otra parte nunca ha sido el
problema fundamental.
Finalmente,
si el obispo da la delegación sin ninguna condición pero siempre en el marco de
la carta del cardenal Müller, ¿cómo proclamarlo gozosamente sin provocar “escrúpulos
de conciencia de algunos fieles unidos a la FSSPX” y sin perjuicio en contra de todos los
otros matrimonios que han sido o serán celebrados en nuestras capillas? Al
entrar en las disposiciones pontificales, se admitiría que serían celebrados, con nosotros, dos clases de matrimonio y se establecería entre ellos una
jerarquía injusta. En lugar de honrar a los fieles valientes que han recurrido
al ministerio de los sacerdotes de la Tradición, se los verá, sea con compasión
porque ellos no tuvieron la dicha de encontrar un obispo complaciente, sea con
hostilidad porque ellos no quisieron entrar en las disposiciones explícitamente establecidas para alcanzar una ilusoria “plena comunión”. Finalmente, este
sello conciliar que debe “asegurar” los matrimonios de nuestros fieles ¿no es
una invitación a volverse hacia las oficialidades diocesanas que pronuncias por
millares verdaderos “divorcios católicos” en nombre del código de 1983,
revisado de manera aún más laxista por Francisco? Los pobres esposos que están
dispuestos a poner su fe en peligro, a violar sus compromisos matrimoniales y a
entregarse al adulterio, desgraciadamente siempre encontrarán un sacerdote para
bendecirlos, incluso en el rito tradicional. ¿Es justo entonces debilitar las
convicciones de todos los fieles a fin de volver menos fácil la traición de
algunos?
El
anuncio de las directrices que deben establecer una disciplina para la
celebración de los matrimonios en la Fraternidad, exige una reacción por parte
de los sacerdotes, pues el bien de los fieles está directamente en juego. La
naturaleza del “comunicado oficial” y del “comentario autorizado” indican, en efecto, claramente la línea de las directrices anunciadas. La cuestión es pública por
su naturaleza y por la voluntad de los superiores de la Fraternidad. Los
decanos acorralados prefirieron manifestar su oposición antes que las órdenes
anunciadas sean efectivamente requeridas.
Algunos
cofrades están muy decididos a no tomar en cuenta estas directrices. Es verdad
que la carta de los decanos muestra que el recurso al canon 1098 no está de
modo alguno bajo la autoridad de los superiores. Ni los obispos diocesanos, ni
los superiores de la Fraternidad pueden arrogarse el derecho de gobernar el
derecho de los fieles a casarse sin “grave inconveniente”. Dicho esto, el
sacerdote ejerce su sacerdocio en el seno de una sociedad en la cual él asume
las posiciones oficiales. Personalmente, yo no veo cómo un sacerdote podría
adoptar esta actitud sin atraerse todos los reproches que le hacemos a los
sacerdotes que dependen de la vergonzosa comisión Ecclesia Dei.
Se
ha acusado a los decanos de querer hacer fracasar los esfuerzos de la Casa General
para obtener de Roma una prelatura personal. ¿Es esa su intención? La misma
carta de los decanos evoca este temor. Por lo tanto no hay misterio allí. Las
gestiones tan rebuscadas para la simple celebración de los matrimonios auguran
insuperables dificultades para el ejercicio del ministerio sacerdotal en la
profesión plena y completa de la fe católica. Dicho esto, las objeciones
formuladas arriba de estas líneas conservan su valor fuera de este contexto y
piden respuestas.
Padre T. Gaudray
Croix, 26 de mayo de 2017
La lettre des doyens au sujet des mariages dans la Tradition vous a surpris. Étant dans l’impossibilité de répondre à tout le courrier que j’ai reçu à la suite de sa lecture, je choisis d’écrire un texte commun. Beaucoup m’ont exprimé leur reconnaissance. D’autres, je le sais, ne croient pas pouvoir approuver la méthode utilisée. D’autres peut-être ne sont pas d’accord avec le contenu même de la lettre des doyens.
L’agitation est mauvaise conseillère. C’est dans la prière et dans le souci de travailler au salut des âmes – et d’abord de la sienne – que la défense de la foi doit être envisagée et c’est dans cet esprit que j’écris. C’est dans la paix que peuvent être surmontés les désirs, les craintes, et les espoirs qui trop facilement obscurcissent le jugement. Par contre il ne s’agit pas de se réfugier dans le silence alors que précisément les âmes se perdent. L’Église est infiltrée par des ennemis qui, eux, ne dorment pas et qui sont parvenus à faire apostasier des millions de baptisés. Le silence peut et doit être gardé dans certaines circonstances. Mais quand on est acculé, quand il faudrait poser un acte qui n’est pas honnête, alors le refus doit être net. Que certains prêtres n’envisagent pas tout de suite les conséquences des actes qu’on veut leur imposer ne change pas la nature des choses. Le temps fera son œuvre de décantation pour toutes les âmes de bonne volonté.
On nous a reproché d’avoir pris les fidèles en otages en leur soumettant un problème qu’ils n’étaient pas capables de résoudre. Je récuse cette accusation tout d’abord parce que le mariage est une chose publique. Sa célébration regarde les époux qui sont les ministres du sacrement, ainsi que tous les fidèles. Bien sûr que la lettre des doyens demande un peu de réflexion et que certains l’ont comprise de travers. Mais avec des arguments pareils, autant renoncer à faire le moindre cours de catéchisme. Faudrait-il renoncer à condamner les erreurs du Concile parce qu’elles sont souvent difficiles à comprendre ?
J’irai plus loin et je retournerai l’accusation. Ce sont les prêtres qui ont été pris en otages et c’est pour cela qu’ils ne pouvaient pas se taire. À peine Rome avait-elle publié son texte que l’on imposait à toute la Fraternité des remerciements profonds et publics adressés au Saint-Père. Dans un « commentaire autorisé » publié par la Maison Générale sur Internet, on a aussitôt annoncé la direction que prendraient les prêtres de la Fraternité. La revue DICI a fait chorus pour annoncer que les prêtres allaient entrer dans le cadre imposé par Rome et les supérieurs de la Fraternité. Fallait-il se contenter d’obéir sans broncher ? Les prêtres doivent-ils modifier leur façon d’exercer le ministère sans réfléchir ?
Au delà de la question du droit, je vais de nouveau tenter d’exposer le problème de conscience qui se pose. De nos jours, l’assaut principal des enfers contre la pauvre humanité porte sur le mariage. Nul ne peut ignorer cette attaque car la famille est la cellule de base de la société. Tous ont le devoir de défendre l’union matrimoniale dans sa nature, sa fin et ses propriétés. En outre les baptisés qui confessent le caractère sacramentel du mariage chrétien doivent protéger la profession de foi que comporte tout consentement matrimonial. Les futurs époux qui seront les ministres de ce sacrement (un prêtre ne « marie » pas) n’ont pas le droit de le célébrer d’une manière équivoque. Les prêtres ont le devoir de le leur rappeler et de les aider à se protéger des roueries du clergé moderniste.
Le 4 avril 2017, le cardinal Müller faisait part de l’autorisation accordée par le Saint-Père aux évêques du monde entier de déléguer un prêtre diocésain pour bénir le mariage des fidèles de la Fraternité, ou, en cas d’impossibilité, de concéder aux prêtres de la Fraternité les facultés nécessaires. Il a alors été annoncé que cette décision du Saint-Père allait changer notre pratique actuelle. Vous le savez, celle-ci consiste à presser les fidèles de profiter des dispositions du canon 1098. Celui-ci leur permet de se marier sans avoir recours au clergé conciliaire en raison du grave dommage pour la foi que cela comporte. Il allait falloir dorénavant se tourner vers les évêques et agir en fonction de leurs réponses. Certains prêtres proposent une coopération minimale à cette nouvelle pratique en se contentant de s’informer auprès des évêques (sans en parler aux fidèles…) de ce qu’ils pensent faire dans la ligne ou dans le cadre de la lettre du cardinal Müller.
Or c’est là que se pose un vrai problème de conscience. Est-il permis de s’aligner ou d’entrer dans ce cadre ? Il suffit d’envisager les différentes réponses possibles — réponses que l’on aura soimême provoquées — pour se rendre compte de l’immense difficulté.
La possibilité de faire intervenir par principe un prêtre moderniste lors d’une cérémonie de mariage est évidemment inenvisageable. Je ne pense pas devoir m’étendre sur ce cas de figure.
Maintenant si l’évêque veut envoyer un prêtre de son diocèse (ou venir lui-même), comment lui reprocher de faire exactement ce que le pape l’invite à faire ? Comment peut-on remercier profondément le pape de sa décision, écrire à l’évêque dans le cadre de cette décision, et puis refuser la réponse positive de l’évêque ? Comment peut-on louer une décision et voir un « grave inconvénient » quand elle est appliquée ? Il est par ailleurs impossible d’avoir recours à de faux arguments, comme par exemple de dire que c’est le couple qui refuse cette présence d’un prêtre conciliaire, ou que c’est la perplexité que cela engendrait chez nos fidèles qui nous obligerait à refuser la proposition de l’évêque.
Le pasteur doit précéder les brebis. Les prêtres de la Fraternité ne s’abritent pas derrière la perplexité des fidèles mais ils l’éclairent. Si l’évêque refuse toute délégation, comment peut-on dire alors que le recours au canon 1098 se trouverait renforcé alors que le grave inconvénient serait ravalé à une question personnelle ? Ce ne sont plus les futurs époux qui refusent d’avoir recours à une autorité dangereuse pour la foi, mais c’est tel évêque qui refuse à tel prêtre dans tel lieu à tel moment une délégation que celui-ci s’est cru obligé de demander. La logique de cette démarche ne permet même pas de voir là une injustice qui d’ailleurs n’a jamais été le problème fondamental.
Enfin si l’évêque donne la délégation sans aucune condition mais toujours dans le cadre de la lettre du cardinal Müller, comment le proclamer joyeusement sans provoquer des « débats de conscience chez les fidèles qui adhèrent à la Fraternité », et sans porter atteinte à tous les autres mariages qui ont été ou seront célébrés dans nos chapelles ? En entrant dans les dispositions pontificales, on admettrait que soient célébrés chez nous deux sortes de mariages et on établirait entre eux une hiérarchie injuste. Au lieu d’honorer les courageux fidèles qui ont recours au ministère des prêtres de la Tradition, on les regardera soit avec compassion parce qu’ils n’ont pas eu l’heur de trouver un évêque complaisant, soit avec hostilité parce qu’ils n’auront pas voulu entrer dans des dispositions explicitement établies pour parvenir à une illusoire « pleine communion ».
Enfin ce tampon conciliaire qui est censé « sécuriser » les mariages de nos fidèles n’est-il pas une invitation à se tourner vers les officialités diocésaines qui prononcent par milliers de vrai « divorces catholiques » au nom du code de 1983, révisé de façon encore plus laxiste par François ? Les pauvres époux qui sont prêts à mettre leur foi en danger, à violer leurs engagements matrimoniaux et à se livrer à l’adultère trouveront malheureusement toujours un prêtre pour les bénir, même dans le rite traditionnel. Est-il juste alors de fragiliser les convictions de tous les fidèles afin de rendre moins facile la trahison de quelques-uns ?
L’annonce d’un directoire, qui sera censé établir une discipline pour la célébration des mariages dans la Fraternité, exigeait une réaction de la part des prêtres puisque le bien des fidèles était directement en jeu. La nature du « communiqué officiel » et du « commentaire autorisé » indique en effet clairement la ligne du directoire annoncé. La question est publique de par sa nature et de par la volonté des supérieurs de la Fraternité. Les doyens acculés ont préféré manifester leur opposition avant que les ordres annoncés soient effectivement intimés.
Certains confrères sont bien décidés à ne pas tenir compte de ce directoire. Il est vrai que la lettre aux doyens elle-même montre que le recours au canon 1098 n’est nullement sous l’autorité des supérieurs. Ni les évêques diocésains, ni les supérieurs de la Fraternité ne peuvent s’arroger le droit de régenter le droit des fidèles à se marier sans « grave inconvénient ». Cela dit, le prêtre exerce son sacerdoce au sein d’une société dont il assume les positions officielles. Personnellement je ne vois pas comment un prêtre pourrait adopter cette attitude sans s’attirer tous les reproches que l’on fait aux prêtres qui dépendent de la honteuse commission Ecclesia Dei.
On a reproché aux doyens de vouloir faire échouer les efforts de la Maison Générale pour obtenir de Rome une prélature personnelle. Est-ce là leur intention ? La lettre elle-même des doyens évoque cette appréhension. Il n’y a donc pas de mystère. Des démarches si alambiquées pour la simple célébration des mariages augurent d’insurmontables difficultés pour l’exercice du ministère sacerdotal dans la profession pleine et entière de la foi catholique. Cela dit, les objections formulées ci-dessus gardent leur valeur en dehors de ce contexte et demandent des réponses.
Abbé Th. Gaudray
Croix, le 26 mai 2017
Padre T. Gaudray
Croix, 26 de mayo de 2017
Quelques réflexions à la suite de la lettre du 7 mai 2017
L’agitation est mauvaise conseillère. C’est dans la prière et dans le souci de travailler au salut des âmes – et d’abord de la sienne – que la défense de la foi doit être envisagée et c’est dans cet esprit que j’écris. C’est dans la paix que peuvent être surmontés les désirs, les craintes, et les espoirs qui trop facilement obscurcissent le jugement. Par contre il ne s’agit pas de se réfugier dans le silence alors que précisément les âmes se perdent. L’Église est infiltrée par des ennemis qui, eux, ne dorment pas et qui sont parvenus à faire apostasier des millions de baptisés. Le silence peut et doit être gardé dans certaines circonstances. Mais quand on est acculé, quand il faudrait poser un acte qui n’est pas honnête, alors le refus doit être net. Que certains prêtres n’envisagent pas tout de suite les conséquences des actes qu’on veut leur imposer ne change pas la nature des choses. Le temps fera son œuvre de décantation pour toutes les âmes de bonne volonté.
On nous a reproché d’avoir pris les fidèles en otages en leur soumettant un problème qu’ils n’étaient pas capables de résoudre. Je récuse cette accusation tout d’abord parce que le mariage est une chose publique. Sa célébration regarde les époux qui sont les ministres du sacrement, ainsi que tous les fidèles. Bien sûr que la lettre des doyens demande un peu de réflexion et que certains l’ont comprise de travers. Mais avec des arguments pareils, autant renoncer à faire le moindre cours de catéchisme. Faudrait-il renoncer à condamner les erreurs du Concile parce qu’elles sont souvent difficiles à comprendre ?
J’irai plus loin et je retournerai l’accusation. Ce sont les prêtres qui ont été pris en otages et c’est pour cela qu’ils ne pouvaient pas se taire. À peine Rome avait-elle publié son texte que l’on imposait à toute la Fraternité des remerciements profonds et publics adressés au Saint-Père. Dans un « commentaire autorisé » publié par la Maison Générale sur Internet, on a aussitôt annoncé la direction que prendraient les prêtres de la Fraternité. La revue DICI a fait chorus pour annoncer que les prêtres allaient entrer dans le cadre imposé par Rome et les supérieurs de la Fraternité. Fallait-il se contenter d’obéir sans broncher ? Les prêtres doivent-ils modifier leur façon d’exercer le ministère sans réfléchir ?
Au delà de la question du droit, je vais de nouveau tenter d’exposer le problème de conscience qui se pose. De nos jours, l’assaut principal des enfers contre la pauvre humanité porte sur le mariage. Nul ne peut ignorer cette attaque car la famille est la cellule de base de la société. Tous ont le devoir de défendre l’union matrimoniale dans sa nature, sa fin et ses propriétés. En outre les baptisés qui confessent le caractère sacramentel du mariage chrétien doivent protéger la profession de foi que comporte tout consentement matrimonial. Les futurs époux qui seront les ministres de ce sacrement (un prêtre ne « marie » pas) n’ont pas le droit de le célébrer d’une manière équivoque. Les prêtres ont le devoir de le leur rappeler et de les aider à se protéger des roueries du clergé moderniste.
Le 4 avril 2017, le cardinal Müller faisait part de l’autorisation accordée par le Saint-Père aux évêques du monde entier de déléguer un prêtre diocésain pour bénir le mariage des fidèles de la Fraternité, ou, en cas d’impossibilité, de concéder aux prêtres de la Fraternité les facultés nécessaires. Il a alors été annoncé que cette décision du Saint-Père allait changer notre pratique actuelle. Vous le savez, celle-ci consiste à presser les fidèles de profiter des dispositions du canon 1098. Celui-ci leur permet de se marier sans avoir recours au clergé conciliaire en raison du grave dommage pour la foi que cela comporte. Il allait falloir dorénavant se tourner vers les évêques et agir en fonction de leurs réponses. Certains prêtres proposent une coopération minimale à cette nouvelle pratique en se contentant de s’informer auprès des évêques (sans en parler aux fidèles…) de ce qu’ils pensent faire dans la ligne ou dans le cadre de la lettre du cardinal Müller.
Or c’est là que se pose un vrai problème de conscience. Est-il permis de s’aligner ou d’entrer dans ce cadre ? Il suffit d’envisager les différentes réponses possibles — réponses que l’on aura soimême provoquées — pour se rendre compte de l’immense difficulté.
La possibilité de faire intervenir par principe un prêtre moderniste lors d’une cérémonie de mariage est évidemment inenvisageable. Je ne pense pas devoir m’étendre sur ce cas de figure.
Maintenant si l’évêque veut envoyer un prêtre de son diocèse (ou venir lui-même), comment lui reprocher de faire exactement ce que le pape l’invite à faire ? Comment peut-on remercier profondément le pape de sa décision, écrire à l’évêque dans le cadre de cette décision, et puis refuser la réponse positive de l’évêque ? Comment peut-on louer une décision et voir un « grave inconvénient » quand elle est appliquée ? Il est par ailleurs impossible d’avoir recours à de faux arguments, comme par exemple de dire que c’est le couple qui refuse cette présence d’un prêtre conciliaire, ou que c’est la perplexité que cela engendrait chez nos fidèles qui nous obligerait à refuser la proposition de l’évêque.
Le pasteur doit précéder les brebis. Les prêtres de la Fraternité ne s’abritent pas derrière la perplexité des fidèles mais ils l’éclairent. Si l’évêque refuse toute délégation, comment peut-on dire alors que le recours au canon 1098 se trouverait renforcé alors que le grave inconvénient serait ravalé à une question personnelle ? Ce ne sont plus les futurs époux qui refusent d’avoir recours à une autorité dangereuse pour la foi, mais c’est tel évêque qui refuse à tel prêtre dans tel lieu à tel moment une délégation que celui-ci s’est cru obligé de demander. La logique de cette démarche ne permet même pas de voir là une injustice qui d’ailleurs n’a jamais été le problème fondamental.
Enfin si l’évêque donne la délégation sans aucune condition mais toujours dans le cadre de la lettre du cardinal Müller, comment le proclamer joyeusement sans provoquer des « débats de conscience chez les fidèles qui adhèrent à la Fraternité », et sans porter atteinte à tous les autres mariages qui ont été ou seront célébrés dans nos chapelles ? En entrant dans les dispositions pontificales, on admettrait que soient célébrés chez nous deux sortes de mariages et on établirait entre eux une hiérarchie injuste. Au lieu d’honorer les courageux fidèles qui ont recours au ministère des prêtres de la Tradition, on les regardera soit avec compassion parce qu’ils n’ont pas eu l’heur de trouver un évêque complaisant, soit avec hostilité parce qu’ils n’auront pas voulu entrer dans des dispositions explicitement établies pour parvenir à une illusoire « pleine communion ».
Enfin ce tampon conciliaire qui est censé « sécuriser » les mariages de nos fidèles n’est-il pas une invitation à se tourner vers les officialités diocésaines qui prononcent par milliers de vrai « divorces catholiques » au nom du code de 1983, révisé de façon encore plus laxiste par François ? Les pauvres époux qui sont prêts à mettre leur foi en danger, à violer leurs engagements matrimoniaux et à se livrer à l’adultère trouveront malheureusement toujours un prêtre pour les bénir, même dans le rite traditionnel. Est-il juste alors de fragiliser les convictions de tous les fidèles afin de rendre moins facile la trahison de quelques-uns ?
L’annonce d’un directoire, qui sera censé établir une discipline pour la célébration des mariages dans la Fraternité, exigeait une réaction de la part des prêtres puisque le bien des fidèles était directement en jeu. La nature du « communiqué officiel » et du « commentaire autorisé » indique en effet clairement la ligne du directoire annoncé. La question est publique de par sa nature et de par la volonté des supérieurs de la Fraternité. Les doyens acculés ont préféré manifester leur opposition avant que les ordres annoncés soient effectivement intimés.
Certains confrères sont bien décidés à ne pas tenir compte de ce directoire. Il est vrai que la lettre aux doyens elle-même montre que le recours au canon 1098 n’est nullement sous l’autorité des supérieurs. Ni les évêques diocésains, ni les supérieurs de la Fraternité ne peuvent s’arroger le droit de régenter le droit des fidèles à se marier sans « grave inconvénient ». Cela dit, le prêtre exerce son sacerdoce au sein d’une société dont il assume les positions officielles. Personnellement je ne vois pas comment un prêtre pourrait adopter cette attitude sans s’attirer tous les reproches que l’on fait aux prêtres qui dépendent de la honteuse commission Ecclesia Dei.
On a reproché aux doyens de vouloir faire échouer les efforts de la Maison Générale pour obtenir de Rome une prélature personnelle. Est-ce là leur intention ? La lettre elle-même des doyens évoque cette appréhension. Il n’y a donc pas de mystère. Des démarches si alambiquées pour la simple célébration des mariages augurent d’insurmontables difficultés pour l’exercice du ministère sacerdotal dans la profession pleine et entière de la foi catholique. Cela dit, les objections formulées ci-dessus gardent leur valeur en dehors de ce contexte et demandent des réponses.
Abbé Th. Gaudray
Croix, le 26 mai 2017