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lunes, 17 de marzo de 2014

¿QUÉ DERECHO PARA LA TRADICIÓN CATÓLICA?.- EL LIBRO PROHIBIDO DEL PADRE PIVERT.- CAPÍTULO I

Les presentamos la traducción del Capítulo I del excelente libro del Padre Pivert: "¿Qué derecho para la Tradición Católica?", obra prohibida por Menzingen y por el P. de Cacqueray, en la que el autor analiza no solamente las actas de los procesos de los Padres Salenave y Pinaud, sino que va mucho más allá: expone todos los procedimientos y comportamientos inmorales de los jueces y de la Casa General, así como los métodos revolucionarios para someter a estos dos sacerdotes. 
Esperamos publicar cada semana un capítulo traducido del libro. 
El Capítulo I se puede leer abajo o descargar aquí.
¡Buena lectura!




Estimados Amigos lectores,
Sacerdotes y laicos,

Desde hace dos años la Tradición está gravemente en conflicto y los sacerdotes culpan al Superior General.
Más allá del problema de fondo, las condiciones exteriores de esta oposición son poco ordinarias y sorprenden a algunos de entre ustedes. Es el caso de los Padres Mathieu Salenave y Nicolás Pinaud, respecto a los cuales muchos se interrogan.
El proceso que ellos aceptaron y sufrieron ya está terminado. Por lo tanto es normal tener conocimiento de la sentencia.
Es normal porque toda sentencia tiene por objeto decir el derecho y, haciendo esto, dirimir la controversia. Su publicación debe traer la paz en medio de aquellos que fueron perturbados.
El abogado es un auxiliar de justicia, encargado de colaborar al establecimiento de la verdad, por lo que publico enseguida, como abogado del Padre Pinaud, la sentencia que acaba de afectarlo.

Padre François Pivert.



Todas las notas serán nuestras como abogado y editor de textos, salvo indicación contraria.

  
CAPÍTULO I.- LA POSICIÓN DEL PROBLEMA.

SENTENCIA DEL JUEZ
Éste es el texto integral de la sentencia contra el Padre Pinaud
*
Precepto penal
En contra del Padre Nicolás Pinaud,
Sacerdote, miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X
En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
Nosotros, Padre Henry Wuilloud, Juez
Con el consejo de los Padres, Pier Paulo PETRUCCI, Asesor, Vincent QUILTON, Asesor
EN VISTA QUE:
1.- Las autoridades de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X (FSSPX en adelante) han constatado que numerosas acciones sediciosas han sido emprendidas desde el Capítulo General de 2012, particularmente contra la Casa General;
2.- Por decisión del 18 de marzo de 2013, el Superior General de la FSSPX erigió un tribunal eclesiástico (“Tribunal” en adelante) para investigar sobre ciertos hechos y documentos que amenazan gravemente el bien común de la FSSPX; efectivamente corresponde al Ordinario (por su poder de jurisdicción) reprimir los delitos que conciernen a sus sociedad y como consecuencia investigar a su respecto (can. 335 y 2220 ss. del Código de derecho canónico de 1917 (CIC-17 en adelante); can. 391, 1315 y 1399 del Código de derecho canónico de 1983 (CIC-83 en adelante);
3.- El procedimiento seguido por el Tribunal para juzgar del presente asunto es un procedimiento penal administrativo en el sentido del can. 1933§4 CIC-17 y 1342 §1 CIC-83;
4.- Los ataques contra el bien común y las consecuencias graves que se derivan (multiplicación de correos anónimos, llamados públicos a la sedición, calumnias graves y sospechas entre las filas de la sociedad, la colusión con grupúsculos políticos) han conducido a investigar sobre las actividades de ciertos miembros, en particular después que uno de ellos se atrevió a abrir un sitio de Internet sin autorización; durante una reunión el 24 de junio de 2013, el Tribunal examinó los documentos proporcionados y se retuvieron aquellos obtenidos del correo electrónico de un cierto Charles CORDAY, que se reveló ser el seudónimo del Padre RIOULT, miembro entonces de la FSSPX;
5.- Con fecha 31 de julio de 2013, el Tribunal notificó su acta de acusación al padre PINAUD, el cual presentó su defensa escrita el 20 de agosto de 2013;
6.- El 19 de octubre de 2013, el Padre PINAUD compareció ante el Tribunal para responder de sus actos; en esta ocasión presentó su defensa leyendo un documento fechado el 11 de octubre de 2013;
CONSIDERANDO QUE:
1.- El documento del 28 de febrero de 2013 titulado “CARTA ABIERTA A MONSEÑOR FELLAY “firmado” por “treinta y siete sacerdotes del Distrito de Francia”) (en adelante “carta de los 37”) presenta un carácter sedicioso pues su objeto consiste en presionar al Superior General a la dimisión y constituye un delito contrario al can. 2344 CIC-17 y 1373 CIC-83, los cuales prevén:  “El que, directa o indirectamente injurie (…) a su propio Ordinario, en público, en los periódicos, discursos o libelos, o el que incite la aversión o el odio contra los actos, decretos decisiones, sentencias de las mismas personas, debe ser castigado por el Ordinario, no solamente a petición de la persona ofendida sino incluso de oficio, ya sea con censuras, dar la satisfacción requerida, o ser condenado con otras penas o penitencias convenientes, proporcionales a la gravedad de la falta y a la reparación del escándalo”.  y “Quien suscita públicamente la aversión o el odio de los súbditos contra (…) el Ordinario, con el motivo de algún acto de potestad o de ministerio eclesiástico, o induce a los súbditos a desobedecerlos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas”.
2.- El Padre PINAUD, por la aprobación del contenido y las correcciones que aportó, se hizo cómplice, cooperó de manera formal e inmediata a la Carta abierta a Monseñor Fellay;
3.- El hecho que el Padre PINAUD dijera: “este documento es claramente mejor pues es más duro y más preciso”  aunque se trata de una opinión privada, no se libra del juicio, pues se trata de un indicio claro y probatorio que permite calificar el acto de cooperación realizado por el padre PINAUD:
4.- El Padre PINAUD no podía ignorar que se trataba de una carta abierta;
5.- Incluso si el Padre PINAUD no aprueba el carácter anónimo, el delito no está menos constituido;
6.- Además, el Padre PINAUD no mostró ningún remordimiento en este asunto, es más, no ha dejado de formular críticas en contra de sus Superiores; en su última defensa, llegó a decir: “en razón de las numerosas concesiones que hizo al concilio y a las reformas conciliares inaceptables, por sí misma la Declaración doctrinal del 15 de abril de 2012 constituye un peligro para la fe que legitima la revuelta, pues esta Declaración doctrinal no es “un texto minimalista”, como escribió Monseñor Fellay en el editorial de Cor Unum N° 102”;
EN CONSECUENCIA condenamos al Padre PINAUD a una pena medicinal de suspensión de todos los actos quitándole tanto el poder del orden como el poder de jurisdicción (can. 2278 ss CIC-17 y 1333 CIC-83).  El levantamiento de esta censura reservada deberá hacerse conforme a derecho (can. 2245 CIC-17 y 1355 CIC-83).
Un recurso jerárquico con efecto suspensivo (can. 1353 CIC-83) puede ser interpuesto contra la presente decisión en un término de quince días hábiles a contar desde la notificación de la presente decisión (can. 1630 § 1 CIC-83).
La pena se suspende el tiempo que dure el retraso de la apelación.
Hecho en Rickenbach, 28 de octubre de 2013.
Padre Henry Wuilloud, Juez ad hoc.
Padre Lukas Weber, Notario ad hoc.


COMENTARIO
Todo juicio es un razonamiento.
Todo juicio jurídico es por principio un juicio intelectual, es decir, un razonamiento que, para ser justo, debe ser verdadero y concluyente, es decir, conducido según las reglas de la lógica. Jamás se dirá de manera suficiente que la ley, las normas y los juicios –todo lo que dice el derecho- están en la inteligencia y la razón, no en la voluntad. Lo que está en la voluntad, es el respeto que se le tiene.
He aquí en efecto el canon 1552: “Bajo el nombre de juicio eclesiástico se comprende la discusión y definición ante un tribunal eclesiástico de una controversia que la Iglesia tiene el derecho de conocer”.
Para hacerlo, todo juicio comienza por un resumen de la situación sin tomar ningún partido, añadiendo las conclusiones de las partes en causa: el acusador, el o los acusados, la o las víctimas (canon 1874). Este resumen contiene la pregunta a la cual habrá que responder, tal como ella fue definida al principio del proceso, lo que lo determina precisamente (canon 1873, 1959, 1726 y siguientes). Por ejemplo: “Por tales y tales actos, el acusado se ha hecho culpable del delito de…” Algunas veces hay varias preguntas.
Enseguida viene la discusión con los motivos (cánones 1873, 1874).
Para establecer un delito, hay que establecer dos elementos: la realidad de los hechos materiales y que su autor, consciente y voluntariamente se haya opuesto a las leyes.
Todo juicio comienza entonces la discusión con la exposición de las leyes implicadas. Si se trata de varios delitos, se tendrán el mismo número párrafos en la exposición de derecho, pero entonces es necesario distinguir cuidadosamente los hechos para no caer en la amalgama.
Enseguida los hechos son establecidos en su consistencia material, luego se establece su carácter delictuoso. Cada vez, un razonamiento permite llegar a la evidencia clara.
Finalmente viene lo que se llama el dispositivo, es decir, las disposiciones tomadas (cánones 1873 y 1874). Hay cuatro. Por principio la definición de la culpabilidad, su amplitud, etc. o de la inocencia del acusado, es decir, la respuesta a las preguntas planteadas inicialmente. Si el acusado es declarado culpable, se define entonces la pena. Pero ésta igualmente es el fruto de un razonamiento: por qué, en las penas incurridas, es decir, definidas por el derecho, es ésta y no aquélla. Por qué tal duración, etc.
Después de la pena, la reparación del daño cometido. Por ejemplo, si se trata de un daño material cometido voluntariamente, el juez lo estimará, establecerá los daños anexos, el modo de la reparación, el tiempo, etc. Comprendemos bien que esto no puede ser dejado a la libertad del culpable pues se corre el riesgo de que ofrezca poco y mal o también, bajo presión de la víctima, ser conducido a ofrecer demasiado. Esto puede conducir a un daño espiritual, por lo que juez debe determinar la justa reparación.
Cuarta disposición: las medidas de protección que no siempre son necesarias y no conciernen a nuestro asunto.
Es triste decirlo, pero esto es todo lo que no se encuentra en la sentencia que condena al Padre Pinaud. Y que se trate de un decreto penal (que en el derecho de los Estados se llama ordenanza) no cambia nada. Todo juicio es una demostración, incluso si se toma bajo la forma de ordenanza. Este método es en efecto universal. El canon 1875, por ejemplo, aplica estas reglas incluso a las decisiones anteriores a la sentencia final.
Para ilustrar el método que seguimos, he aquí las advertencias de Bossuet al Gran Delfín:
“Esta falta de atención lo hace confundir el orden de las palabras; pero si nosotros dejamos envejecer y fortificar esta mala costumbre, cuando usted llegue a mandar, no solamente en las palabras, sino en las mismas cosas, usted perturbará todo el orden. Usted habla ahora contra las de la gramática; entonces usted despreciará los preceptos de la razón. Ahora usted ubica mal las palabras, entonces usted ubicará mal las cosas; usted recompensará en lugar de castigar; usted castigará en lugar de recompensar: usted hará todo sin el orden…”
Valor y autoridad de los juicios.
Un juicio dice el derecho y define lo que debe ser mantenido por todos. Se le debe obediencia como a toda decisión de la autoridad. Entonces hay que aplicar a nuestra actitud hacia los juicios lo que la moral dice de la obediencia.
Por eso, hay que verificar dos elementos: que la autoridad sea competente para llevar a cabo el juicio, es decir, que actúe en su dominio, y luego que ella respete las órdenes dadas por la autoridad superior, es decir, las leyes. Santo Tomás de Aquino enseña esto expresamente en su Suma teológica II II q 104 a 5.
Además, lo que acabamos de escribir sobre el carácter intelectual de todo juicio, que es un razonamiento, muestra que la obediencia que se le debe tiene que ser iluminada. La primera reacción frente a un juicio debe ser por lo tanto de leerla y comprenderla.
Un juicio se apoya en dos bases: el derecho y los hechos. Los hechos ordinariamente no son verificables por aquellos que leen el juicio, que no tienen el expediente en sus manos y que no deben tenerlo, pues ellos no son jueces. Se debe tomarlos tal cual ellos son expuestos por el juez. Puede suceder sin embargo que la exposición de los hechos sea manifiestamente errónea y que toda persona informada pueda apercibirse de ello naturalmente.
La segunda base de un juicio, son las leyes sobre las cuales se apoya, es por eso que el juicio está viciado cuando las leyes no han sido respetadas, sean leyes de fondo o de las formas necesarias para darle valor. El vicio es ordinariamente corregido por las vías legales de recurso, pero, en casos particularmente evidentes, el simple lector del juicio puede percibirlo y debe sacar las consecuencias, es decir, obedecer más al superior que al juez al cual está subordinado. Allí hay respeto debido al superior que ha dado las leyes y quiere verlas aplicadas por todos.
Pues el superior del juez es aquí, para ciertas leyes, Dios mismo, y para las otras leyes la Iglesia por la cual Cristo estableció su reino. En efecto, incluso los que están sujetos al juez deben velar por el respeto de la realeza de Cristo.
Igualmente debemos recordar la ley natural y el derecho de gentes (el reconocido por todas las naciones civilizadas), así como los principios generales del derecho los cuales no están formalizados en ningún texto porque están por encima de todo texto. Es el honor de los pueblos civilizados reconocerlos.
Habitualmente esto no tiene dificultad, pero en estos tiempos turbios en los cuales la Revolución ha logrado penetrar en la Iglesia y hasta en los mismos principios de pensamiento, por el nominalismo, el idealismo y todos los horrores de sus filosofías diabólicas, sucede cada vez más frecuentemente que estos principios tan elevados sean violados.
Finalmente la última ley, cuasi natural, el juicio es un acto de la razón, conducido necesariamente según las reglas de la razón, es decir de la lógica. Es para manifestarlo que todas las legislaciones, incluyendo la de la Iglesia, exigen que el razonamiento sea claramente expresado, claramente verificable. Así, un juicio que sea contradictorio en sus diversas partes no sería un juicio y por lo tanto es nulo. Igualmente si no está motivado, es decir, si el razonamiento que permite llegar a la conclusión no se añadió.
Es gracias a su razonamiento que los jueces hacen jurisprudencia, es decir que ellos aclaran las situaciones semejantes y ponen orden en toda la sociedad y no solamente en el caso que deben resolver. Es el razonamiento que los jurisperiti, como se dice en derecho romano, los expertos en derecho, analizan y comentan cuando aparece un juicio notable. De este modo se instaura un trabajo fructífero, pues los jueces leen estos comentarios.
Es necesario estables estos principios para mostrarnos que, al comentar el juicio que condenó al Padre Pinaud, no nos apoyamos en nuestro propio espíritu, no buscamos que prevalezca nuestra voluntad. No somos ni desobedientes ni revolucionarios ni subversivos, por el contrario, nosotros solamente buscamos la obediencia a Cristo Rey y a las autoridades establecidas para hacerlo reinar. Pero, cuando estas autoridades lo contradicen, nuestro deber es entonces el no obedecer a aquellos que lo desobedecen, defender los derechos y el honor de Cristo Rey, proteger a aquellos que quieren permanecer fieles. Es en este espíritu que vamos a pasar a nuestro comentario literal que le permitirá a usted también, estimado lector, honrar a Cristo Rey y defender su Reino.
Comentario literal
*
Precepto penal
En contra del Padre Nicolás Pinaud,
Sacerdote, miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X
En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
Nosotros, Padre Henry Wuilloud, Juez
Con el consejo de los Padres, Pier Paulo PETRUCCI, Asesor, Vincent QUILTON, Asesor
EN VISTA QUE:
1.- Las autoridades de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X (FSSPX en adelante) han constatado que numerosas acciones sediciosas han sido emprendidas desde el Capítulo General de 2012, particularmente contra la Casa General;
Primera falta: ¡la acción es calificada incluso antes que la discusión comience!
2.- Por decisión del 18 de marzo de 2013, el Superior General de la FSSPX erigió un tribunal eclesiástico
La erección del tribunal no es de hecho, sino de derecho. No debía ser mencionado en el presente párrafo titulado “en vista que”, sino al principio del juicio, pues es el que da a los jueces su autoridad y su competencia.
Esto es tan importante, que las más grandes imprecisiones sobre la naturaleza del tribunal y de la instancia han manchado las discusiones. En ciertos momentos los jueces se declaran constituidos en tribunal, y en otros se tiene un juez y dos asesores según el procedimiento administrativo. ¿Qué valor se puede atribuir a una sentencia cuyos fundamentos jurídicos no son establecidos claramente?
Continuemos la lectura de la sentencia:
para investigar sobre ciertos hechos y documentos que amenazan gravemente el bien común de la FSSPX; efectivamente corresponde al Ordinario (por su poder de jurisdicción) reprimir los delitos que conciernen a sus sociedad y como consecuencia investigar a su respecto (can. 335 y 2220 ss. del Código de derecho canónico de 1917 (CIC-17 en adelante); can. 391, 1315 y 1399 del Código de derecho canónico de 1983 (CIC-83 en adelante);

El código modernista es ilegítimo.
No es legítimo citar los dos códigos, es o uno u otro. Todo código hace un conjunto: tomar fragmentos del código tradicional sin tomar lo que los acompaña necesariamente es una injusticia. Es olvidar la unidad de todo código, pues todas las reglas se sostienen y se afirman. No se puede recortar, pues eso desnaturaliza necesariamente el sistema jurídico.
Ya que es o uno u otro, ¿debemos tomar el nuevo?
En la carta abierta a los católicos perplejos capítulo 21, Monseñor Lefebvre no dudó en hablar de las vaguedades del nuevo derecho canónico, por no decir de sus herejías”.
Y en otra parte, Monseñor Lefebvre afirma:
Este cambio de concepción de la Misión de la Iglesia tuvo como consecuencia corromper el Derecho Canónico y el Derecho público de la Iglesia y de enervar los principios fundamentales.
La autoridad eclesiástica, perdiendo de vista su verdadero fin, toma necesariamente la vía de los abusos de poder y de la arbitrariedad.
Las promulgaciones de leyes son dudosas, falsificadas. Los derechos de la defensa ya no son respetados. Los procedimientos ya no son conformes al derecho. Es la injusticia que toma el lugar de la justicia.
Los principios elementales de moral y de derecho recordados tan claramente por el Papa Leon XIII en su Encíclica Libertas praestantissimum nos enseña que en este caso la autoridad pierde su derecho a la obediencia.
En este caso no es despreciar a la autoridad al no obedecerla, todo lo contrario, es recordarle el respeto que ella debe tener de la autoridad que ha recibido de Dios y que le obliga a actuar según el derecho establecido por Dios. (Carta de Monseñor Lefebvre al Cardenal Seper, 13 de abril de 1978).
Estas afirmaciones han sido tomadas de una carta de Monseñor Lefebvre al Cardenal Seper. Por lo tanto, son oficiales y fueron reflexionadas. Ciertamente, ellas preceden por cinco años a la publicación del nuevo Código y no le conciernen directamente, pero definen muy bien el espíritu de los modernistas en materia jurídica.
Y aún más:
La reforma del derecho canónico es el cuarto acto de los efectos del ecumenismo en el Vaticano II. Es de alguna manera el último libro que se tenía que cambiar para poner el derecho canónico a tono con el concilio. Y mañana podría citarles el discurso del papa que se encuentra en la Documentación Católica. El derecho canónico nuevo no es otra cosa, dijo el papa, que un esfuerzo para poner en lenguaje canónico la eclesiología del Vaticano II (…) Entonces ¿qué debemos pensar de esto? Pues que este derecho canónico es inaceptable. No hay una nueva eclesiología en la Iglesia. ¡No le vamos a dar una nueva definición a la Iglesia! ¿O es que se equivocó durante 2000 años? ¿La Iglesia no sabía lo que era durante 2000 años? De golpe, hela aquí convertida en ecumenista, colegial, comunión. ¿Comunión de que, de quién, con quién, con qué? (Conferencia en Ecône el 14 de marzo de 1983)
Más adelante daremos con más detalle el juicio de Monseñor Lefebvre sobre este nuevo Código, pero lo que acabamos de mencionar es suficiente para que las autoridades de la FSSPX no juzguen a los hijos y herederos de Monseñor Lefebvre aplicándoles este código que Monseñor declara inaceptable.
Para comprenderlo, hay que saber que la ley es una medida, dice Santo Tomás de Aquino (Suma I II, 90, 1). Se aplica a las acciones humanas para determinar aquellas que son conformes a la justicia y aquellas que no lo son.
A esto se opone el personalismo, que se desvía del bien común. Es la filosofía que desemboca en los derechos del hombre. En el personalismo, la autoridad es definida como un servicio, es decir una gestión de la vida común, y ya no respecto a Dios.
Pues bien, todo el código modernista es personalista. Fue redactado para armonizar el derecho de la Iglesia con las democracias modernas siguiendo al Vaticano II que puso a la Iglesia, a su doctrina, su comportamiento, en acuerdo con el humanismo moderno. Es suficiente referirse al discurso de Paulo VI al final del concilio y al acta de promulgación del código modernista por Juan Pablo II.
Este código modernista ya no busca el reino de Nuestro Señor, favorece no importa cual “florecimiento” individual. La autoridad tiene como función “administrar” las relaciones entre los individuos en el seno de una sociedad donde cada uno va de acuerdo a su inspiración. Es por eso que ella se define allí como un servicio. Inútil de decir que la vida pronto se hace imposible y que, muy rápidamente, la autoridad debe golpear el puño sobre la mesa para dar una apariencia de orden.
El matrimonio es definido igualmente de manera personalista en el código modernista, como una asociación de dos personas viviendo en común, lo que se opone a la verdadera definición de la familia en la cual los hijos son formados para servir a Cristo Rey. El cuasi-mutismo de los obispos contra las uniones homosexuales no es sorprendente por lo tanto. Cuando el matrimonio se define como una comunidad de vida y de amor, es difícil rechazar a los homosexuales.
Si nosotros insistimos aquí sobre la corrupción de la familia en el código modernista, es para mostrar que sus errores no solamente abarcan la colegialidad y el ecumenismo. Toda la vida cristiana es pervertida.
Igualmente en lo que nos concierne, el código modernista privilegia en el derecho penal los procedimientos llamados administrativos en lugar de los procedimientos jurisdiccionales. Dada la importancia para nuestro asunto, es necesario dar algunas explicaciones.
El derecho tradicional de la Iglesia reconoce dos vías para castigar los delitos: el juicio judicial rendido en un tribunal con las garantías del procedimiento, lo que es la vía ordinaria, y el decreto penal rendido por el obispo solo (canon 1933). Esta última vía asombra a las mentalidades modernas y, por lo tanto, es perfectamente legítima, pues la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial no es nuestra. Los reyes del final del Antiguo Régimen en Francia utilizaban las cartas selladas (cartas selladas firmadas por el Rey que frecuentemente dictaminaban el exilio o la prisión, entre otras cosas. Nota del blog) y era legítimo. En ciertos casos, el derecho tradicional de la Iglesia permitía al obispo infringir penas tan graves como la excomunión sin debate y sin escuchar previamente al condenado. Es normal.
El problema no es ese, está en el objeto de estas medidas: el derecho, objeto de la justicia. El código tradicional recuerda que estas medidas tomadas por decreto penal no son posible más que en casos evidentes (canon 1933), es decir, fuera de toda duda y al cual un debate no aportaría nada más que confusión. Estos casos son análogos al flagrante delito. Pero si el caso es dudoso, el obispo debe buscar la verdad, y esta es la finalidad de los procedimientos judiciales con ministerio de un abogado y debates frente a un tribunal.
El código modernista conoce los procedimientos penales administrativos (canon 1342) y los judiciales. No diremos nada de éstos, pero los primeros, contrariamente a las apariencias, no son la transcripción de los decretos penales del código tradicional. La denominación de procedimiento administrativo indica que es más administración tal cual es comúnmente concebida actualmente, que justicia, es la autoridad gestora, como lo vimos más arriba.
Ciertamente, el código modernista parece favorecer la defensa del acusado porque habla más de derechos que de deberes, pero en realidad amplía los límites de la arbitrariedad. Lo hace permitiendo juzgar casos complicados y poco claros por la vía administrativa, es decir, que suprime las garantías del procedimiento, el rigor que impone en la manera de avanzar hacia la verdad. Permitir tomar una decisión sobre un caso oscuro o dilucidado sin rigor, he aquí lo arbitrario.
La sentencia se convierte entonces en el medio de dar una apariencia de derecho a una decisión ya tomada o una apariencia de objetividad a una decisión de circunstancia.
Estos falsos procesos se parecen mucho a las discusiones democráticas de los administrados que no aceptan una decisión administrativa: se hace una encuesta, un “diálogo”, se aplaza, pero en definitiva la administración siempre hace lo que quiere.
Al contrario, el código tradicional es el fruto de una experiencia multisecular de orden donde cada uno puede estar feliz de servir a la Iglesia y a Nuestro Señor. Teniendo su fuente en la autoridad de Jesucristo, confirma la misericordia por la justicia y recíprocamente. Todo esto ha desaparecido con el código modernista.
Este es el canon que abre la sección penal del código tradicional (can. 2214 § 2), no retomado por el código modernista.
Téngase, sin embargo, a la vista la advertencia del Concilio de Trento, ses. XIII, de ref., cap. I: “Acuérdense los Obispos y los demás Ordinarios de que son pastores y no verdugos y que conviene rijan a sus súbditos de tal forma, que no se enseñoreen de ellos, sino que los amen como a hijos y hermanos, y se esfuercen con exhortaciones y avisos en apartarlos del mal, para no verse en la precisión de castigarlos con penas justas si llegan a delinquir; y se ocurriere que por la fragilidad humana llegaren éstos a delinquir en algo, deben observar aquel precepto del Apóstol de razonar con ellos, de rogarles encarecidamente, de reprenderlos con toda bondad y paciencia, pues en muchas ocasiones puede más, para con los que hay que corregir, la benevolencia que la austeridad, la exhortación más que las amenazas, y la caridad más que el poder; mas si por la gravedad del delito es necesario el castigo, es entonces cuando deben hacer uso del rigor con mansedumbre, de la justicia con misericordia, y de la severidad con blandura, para que sin asperezas se conserve la disciplina, saludable y necesaria a los pueblos, y los que han sido corregidos se enmienden o, si estos no quieren volver sobre sí mismos, para que el castigo sirva a los demás de ejemplo saludable y se aparten de los vicios.
Este canon es largo, uno de los más largos del código, debido a su importancia. Domina todo el derecho penal de la Iglesia, insufla un espíritu, él viene directo del Corazón sagrado de Jesús.
Pero desapareció del código modernista. Por una legislación que pretende favorecer a los acusados…
No, hay que decirlo en voz alta:
Ya no se restaura el orden en la Iglesia con el nuevo Código así como no se restaura la piedad con la nueva misa. Es lo que constató Monseñor Lefebvre:
Yo hago una comparación entre este nuevo código de derecho canónico y toda la reforma litúrgica, como lo dice Bugnini en su libro Los principios fundamentales del cambio de la liturgia. “La vía abierta por el concilio está destinada a cambiar radicalmente toda la liturgia tradicional (…) Será necesaria una larga educación para que la liturgia se convierta una acción de todo el pueblo de Dios” (…)
Es el mismo espíritu el que ha animado el cambio del derecho canónico y el de la liturgia: el pueblo de Dios y la asamblea que hace todo. (Esa es la mentalidad democrática que desemboca siempre en tiranía. Nota del editor) Es la misma cosa en cuanto al sacerdote. Es un simple presidente que tiene un ministerio, como los otros tienen también un ministerio en el seno de la asamblea. Nuestra orientación hacia Dios ha desaparecido igualmente, y esto viene de los protestantes (…)
Es verdaderamente la ruina de todo el pensamiento católico. (Monseñor Lefebvre, conferencia en Turín el 24 de marzo de 1984)
A pesar de estas advertencias claras y aún de otras por parte de la Comisión Canónica San Carlos Borromeo, el código modernista ha sido declarado legítimo por Monseñor Fellay en su declaración doctrinal del 15 de abril de 2012. No hay que asombrarse que el código modernista sea ahora impuesto a la FSSPX en sus juicios penales. Nada se ha dicho oficialmente, pero es evidente. Por el contrario, podemos asombrarnos que, al aplicar el código modernista, los jueces se atrevan a citar el código tradicional. El resultado está bajo nuestros ojos, y lo que sigue lo volverá perfectamente claro.
3.- El procedimiento seguido por el Tribunal para juzgar del presente asunto es un procedimiento penal administrativo en el sentido del can. 1933§4 CIC-17 y 1342 §1 CIC-83;
El juez menciona el canon 1933 § 4 del código tradicional, he aquí el texto: “La penitencia, el remedio penal, la suspensión, a condición que el delito sea evidente, pueden ser infligidos por modo de precepto extrajudicial”
A condición de que el delito sea evidente. Por lo tanto este canon no solamente no permite sino inclusive prohíbe los procesos “administrativos” extrajudiciales que se llevaron a cabo en contra de los Padres Pinaud y Salenave. En efecto, la prueba que los delitos no eran evidentes, es que se necesitaron doscientos cuarenta días de interrogatorios, de defensas, de respuestas a las defensas antes de poder juzgar.
En cuanto al canon 1342 § 1 del código modernista, éste dice: “Cuando justas causas dificultan hacer un proceso judicial, la pena puede imponerse o declararse por decreto extrajudicial”.
¿Cuáles son, en el caso que nos ocupa, las justas causas que dificultan hacer un proceso judicial? Si las hay, deben mencionarlas. Un juez que no prueba su competencia pronuncia juicios sin autoridad y por lo tanto, nulos. Pero incluso Roma actúa así actualmente. Ya no hay derecho. Es el reino de la arbitrariedad.
Sigamos con la lectura de la sentencia:
4.- Los ataques contra el bien común
Apenas seis palabras son escritas y hay que interrumpirnos. ¿Qué es el bien común? Para decirlo de otra forma: ¿cuál es el tesoro común de todos los miembros de la FSSPX los cuales se saben herederos todos en conjunto? ¿La fe? Ellos la tienen en común con todos los cristianos. Es la herencia de Monseñor Lefebvre que se resume en esto: servir a Cristo Rey.
Entonces, Señores del Tribunal, la primera cosa a hacer es decirnos, en su sentencia-decreto, cuáles fueron los ataques contra la herencia de Monseñor Lefebvre, contra el servicio a Cristo Rey.
Pero, si fueron ataques contra la autoridad, entonces fueron ataques contra la autoridad, no contra el bien común. Ciertamente que atacar la autoridad puede poner en peligro el bien común, pero si ésta está al servicio del otro, una no es otro. Confundir autoridad y bien común es grave, pues eso confiere una especie de infabilidad al jefe. En efecto, jamás está permitido oponerse al bien común, mientras que, en ciertos casos, está permitido e incluso es necesario oponerse al jefe, principalmente cuando él destruye el bien común. Identificar el bien común con el jefe ya no permite oponerse a éste. Se debe entonces admitir todos sus juicios, todas sus acciones, en nombre de la prudencia del jefe que les inferiores no tienen. Imponer a los inferiores este falso principio, es volverlos cómplices de la destrucción de su propia sociedad por la absorción del bien común en la persona del jefe. Esta es la definición de tiranía. Como lo escribió Monseñor Lefebvre, caemos en la desobediencia por la obediencia.
Los poderes y los deberes del jefe.
Que se nos comprenda bien, nosotros no negamos la autoridad del Superior General de la FSSPX. Él puede erigir de pleno derecho uno o varios tribunales, así como los superiores de distrito. Nosotros reconocemos también que él puede tomar solo ciertas decisiones, incluso graves. Nosotros reconocemos también que no hay, en razón de las circunstancias, recursos contra sus decisiones jurídicas –quedando a salvo los derechos superiores del Capítulo General. Nosotros admitimos que las penas de suspensión a divinis pueden ser pronunciadas legítimamente, por él o por los jueces que él instituya.
Su autoridad de suplencia es una verdadera autoridad, incluso si ella se ejerce de manera especial, lo que no trataremos aquí.
Pero sin embargo hay condiciones para ello. El Superior General, como todo príncipe, es jefe de sus hermanos al servicio de la sociedad, por el bien de ésta. Él no hace lo que quiere de la sociedad: él la recibió del fundador y tiene la custodia de ella y debe transmitirla más fuerte, más viva, pero sin cambios en su identidad. Es por esta razón que el primer título del Papa es “servidor de los servidores de Dios”.   
Para nosotros, el legado confiado a la guarda del Superior General es evidentemente el de Monseñor Lefebvre, el cual quiso que inscribiéramos en su tumba: “Tradidi quod et accepi, he transmitido lo que recibí”.
Pue bien, el respeto de este legado está garantizado por las leyes. Todo estudiante en primer año de derecho aprende en su curso de historia del derecho que la monarquía francesa fue fundada sobre el principio de respeto, por el rey, por las leyes legadas de sus predecesores, lo que llamamos “principio de legitimidad”.
La primera condición del ejercicio de su autoridad por el Superior General es el respeto de las leyes, tanto las de la Iglesia como las de nuestra Congregación, la FSSPX. A falta de esto, el Superior subvierte el orden que está encargado de mantener, como lo veremos con Santo Tomás de Aquino en el seguimiento de este proceso.
La segunda condición es evidente, pero merece ser recordada en la horrible crisis que atraviesa la Iglesia. Es la defensa de la fe. No solamente el respeto, la defensa.
Pues bien, es evidente que las reacciones de algunos sacerdotes de la Fraternidad San Pío X son la consecuencia directa de las negociaciones hechas por Monseñor Fellay para obtener un acuerdo con Roma y las justificaciones públicas que él ha dado. Afirmar esto aquí no es anticipar sobre nuestra demostración tal y como ella aparecerá en las actas del proceso que daremos más adelante. No, esto es una evidencia. Por lo tanto es desde el inicio de la sentencia que los jueces debieron enunciar esta realidad que aclara todo el asunto, en lugar de comenzar directamente afirmando una subversión.
La tercera condición, finalmente, del ejercicio de poder por Monseñor Fellay es de tener en cuenta la situación de la Tradición y, en el interior de ésta, de la FSSPX. La crisis nos priva en efecto del recurso a una autoridad superior de experiencia. No hay congregaciones romanas para dar solución a una crisis, para aportar su experiencia multisecular, para abrir a nuestros superiores los tesoros de la jurisprudencia romana consignada en sus bibliotecas y sus archivos. No hay consejos exteriores, ni superiores. Y eso mientras que todo se derrumba.
Entonces, en tal situación, un Superior General no puede avanzar más que con temor y temblor.
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Continuemos:     
y las consecuencias graves que se derivan (multiplicación de correos anónimos, llamados públicos a la sedición, calumnias graves y sospechas entre las filas de la sociedad, la colusión con grupúsculos políticos)
¡Qué mezcla! Las cartas no son consecuencias, son el vector, el medio de los ataques. Los llamados, las calumnias y sospechas no son consecuencias, son los ataques.
¿Qué hace aquí esta afirmación de colusión con grupúsculos políticos, gratuita, extranjera al asunto? ¿Dónde vieron los jueces tal colusión? ¿Y cuáles son los criterios para decir que un grupo político sea malo, anormal o inconveniente?
Veremos más adelante en el acta de acusación una referencia concerniente no al Padre Pinaud, ni al Padre Rioult, sino a un hombre que parece no gustarles a los jueces. Pero él no es un político ni ha formado ningún grupo. Él es un universitario. No podría tener colusiones. Este hombre  es el Señor Faurisson al cual yo no conozco pero que afirma por ejemplo: “Lo que yo les sugiero solamente, es abrir los ojos. Miren cómo puede engañarnos la gente y cómo pueden hacer decir a las palabras lo que no dicen. Nunca (mis oponentes) han aceptado el debate que les he propuesto. En lugar de eso, me cubren de insultos y me llevan ante la justicia. Para mí como investigador, yo no debo agradar o desagradar a nadie. Yo no debo preocuparme ni de Pedro ni de Pablo. De todas maneras, hay que decir la verdad. No hay que esconderla. Por encima de todo creo que se debe tener respeto por la verdad y por la búsqueda de la verdad. En todo caso este es mi deber, y creo que mi deber también es vuestro”.
han conducido a investigar sobre las actividades de ciertos miembros, en particular después que uno de ellos se atrevió a abrir un sitio de Internet sin autorización; durante una reunión el 24 de junio de 2013, el Tribunal examinó los documentos proporcionados y se retuvieron aquellos obtenidos del correo electrónico de un cierto Charles CORDAY, que se reveló ser el seudónimo del Padre RIOULT, miembro entonces de la FSSPX;
5.- Con fecha 31 de julio de 2013, el Tribunal notificó su acta de acusación al padre PINAUD, el cual presentó su defensa escrita el 20 de agosto de 2013;
6.- El 19 de octubre de 2013, el Padre PINAUD compareció ante el Tribunal para responder de sus actos; en esta ocasión presentó su defensa leyendo un documento fechado el 11 de octubre de 2013;
¿Y la primera defensa de agosto con la respuesta del acusador de fecha 26 de septiembre no cuentan? Había que sintetizar aquí los argumentos de estos documentos, únicos capaces de definir el objeto del juicio, así como había que mencionar las disposiciones del documento constituyendo el tribunal, único capaz de dar legitimidad al juez y a sus decisiones.
Ni una sola vez son citados los argumentos del Padre Pinaud. No hay entonces la discusión exigida por el derecho y la razón para llegar a la definición. ¿Entonces de dónde vendrá la respuesta?
Considerando que:
1.- El documento del 28 de febrero de 2013 titulado “CARTA ABIERTA A MONSEÑOR FELLAY “firmado” por “treinta y siete sacerdotes del Distrito de Francia”) (en adelante “carta de los 37”) presenta un carácter sedicioso pues su objeto consiste en presionar al Superior General a la dimisión
¡Se quedó un poco corto joven hombre! Hubiera dicho Cyrano de Bergerac. Hay que establecer que pedir la dimisión sea sedicioso, sobre todo cuando se trata de un superior electo. Además, ¿esto es todo lo que el juez reprocha al Padre Pinaud? ¡Tantas páginas de acusaciones, tanto tiempo –doscientos cuarenta días- para retener solamente esto: pedir la dimisión!
¿Hay que concluir que todo lo demás no existe? ¿O que no es delictuoso? ¿O que eso no concierne al Padre Pinaud?
y constituye un delito contrario al can. 2344 CIC-17 y 1373 CIC-83, los cuales prevén:  “El que, directa o indirectamente injurie (…) a su propio Ordinario, en público, en los periódicos, discursos o libelos, o el que incite la aversión o el odio contra los actos, decretos decisiones, sentencias de las mismas personas, debe ser castigado por el Ordinario, no solamente a petición de la persona ofendida sino incluso de oficio, ya sea con censuras, dar la satisfacción requerida, o ser condenado con otras penas o penitencias convenientes, proporcionales a la gravedad de la falta y a la reparación del escándalo”.  y “Quien suscita públicamente la aversión o el odio de los súbditos contra (…) el Ordinario, con el motivo de algún acto de potestad o de ministerio eclesiástico, o induce a los súbditos a desobedecerlos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas”.
He aquí un gran trozo de derecho lanzado sin análisis, sin discusión, sin referencia a la jurisprudencia, sin comentario de jurista.
2.- El Padre PINAUD, por la aprobación del contenido y las correcciones que aportó, se hizo cómplice, cooperó de manera formal e inmediata a la Carta abierta a Monseñor Fellay;
Cómplice. ¿Qué cómplice: Mandans, dando las órdenes; consiliens, aconsejando; aprobans, aprobando? ¿Cómplice de la redacción, de la difusión? El profesor de moral, acusador y consejero, le hubiera podido aconsejar al juez que, faltando la precisión, su argumentación sería bastante débil.
No estado precisada la cooperación, el carácter formal de la complicidad no está definida. Un ingeniero que trabaja en los planos de un arma de guerra coopera formalmente a la definición del arma, eventualmente a su fabricación. De ningún modo al uso moral que se hará de ella, es decir, el uso en una guerra justa o injusta. Estas faltas de precisión en el juicio son graves pues es lo que va a fundar la condenación.
3.- El hecho que el Padre PINAUD dijera: “este documento es claramente mejor pues es más duro y más preciso”  aunque se trata de una opinión privada, no se libra del juicio, pues se trata de un indicio claro y probatorio que permite calificar el acto de cooperación realizado por el padre PINAUD:
Tomemos uno por uno los enunciados de este párrafo.
Si la apreciación se trata de una opinión privada, no puede constituir un delito público. ¿De qué fuero, es decir, de qué tribunal se trata entonces?
No se libra del juicio. Esto es evidente, pero habría que precisar de qué juicio se trata: ¿intelectual? ¿moral? ¿jurídico? ¿hecho por quién? En este caso solamente el juicio jurídico es legítimo.
Se trata de un indicio claro y probatorio. ¿Pero un indicio de qué? ¿Probando qué?
Además, ¿cómo un indicio permite un juicio jurídico cierto y fundado? Los indicios, incluso múltiples, claros y “probatorios” no constituyen una prueba y son solamente materia de presunción según los términos del canon 1825: “La presunción es la conjetura probable de una cosa desconocida establecida ya sea por la ley, sea por un hombre a partir de indicios”. El canon 1828 establece: “Que el juez no conjeture las presunciones fuera de aquéllas establecidas por la ley, si no es a partir de un hecho cierto y determinado, directamente en relación con el objeto de la controversia”. Aclaraciones y explicaciones se dan por ejemplo en Naz Iv, 501, demasiado largas para incluirlas aquí. Todo esto muestra que, verdaderamente, el razonamiento es un poco corto.
Finalmente, últimas palabras de este párrafo, el acto de cooperación puede ser calificado. Sea. Las reglas de buena lógica exigen un atributo, un predicado, como se dice en lógica. Pues el predicado está ausente aquí. El acto puede ser calificado, pero su calificación no ha sido dada. Por lo tanto nada puede concluirse.
4.- El Padre PINAUD no podía ignorar que se trataba de una carta abierta;
¿Desde cuándo saber es aprobar? Esta carta es un proyecto, aprobado como proyecto. Es el Padre Rioult quien hizo un acto público. Se debería haber probado que el Padre Pinaud supo y aprobó, o supo y alentó su difusión pública. Esta afirmación que no prueba nada  nos incita a preguntarnos y a consultar los mismos documentos.
5.- Incluso si el Padre PINAUD no aprueba el carácter anónimo, el delito no está menos constituido;
Esto es lo que se llama evitar la discusión. Pero era muy necesaria.
6.- Además, el Padre PINAUD no mostró ningún remordimiento en este asunto, es más, no ha dejado de formular críticas en contra de sus Superiores; en su última defensa, llegó a decir: “en razón de las numerosas concesiones que hizo al concilio y a las reformas conciliares inaceptables, por sí misma la Declaración doctrinal del 15 de abril de 2012 constituye un peligro para la fe que legitima la revuelta, pues esta Declaración doctrinal no es “un texto minimalista”, como escribió Monseñor Fellay en el editorial de Cor Unum N° 102”;
Pero el Padre Quilton, en su respuesta del 25 de septiembre, escribió: “Contrariamente a lo que alega el Padre Pinaud, nuestro tribunal no juzga las opiniones privadas de los cofrades, sino de los delitos definidos por el derecho. Es por eso que los juicios perentorios e ilegítimos en contra de los superiores por los alegatos en la causa, no atañen directamente este proceso”
¿Entonces?
Pero lo esencial es que finalmente llegamos al fondo: el peligro para la fe. Es el fondo, y el juez no lo examina, no dice el derecho respecto a esto.
Si el Padre Pinaud estaba equivocado al ver un peligro para la fe en la Declaración del 15 de abril de 2012, ¿por qué no restablecer la verdad mostrando la ausencia de peligro? Si tenía razón, entonces sus acciones para conminar el peligro fueron legítimas, al menos en el fondo, e incluso necesarias pues la fe es el primero de los bienes y siempre debe ser defendida y proclamada cada vez que ella corre peligro. En este caso, no sería más que la manera de defender la fe lo que eventualmente hubiera sido erróneo.
Enseguida descubrimos una última falta del juez que establece un carácter muy particular a esta sentencia.
EN CONSECUENCIA condenamos al Padre PINAUD a una pena medicinal de suspensión de todos los actos quitándole tanto el poder del orden como el poder de jurisdicción (can. 2278 ss CIC-17 y 1333 CIC-83).  El levantamiento de esta censura reservada deberá hacerse conforme a derecho (can. 2245 CIC-17 y 1355 CIC-83).
Esta conclusión confirma el carácter exorbitante de este asunto.
1. El levantamiento de esta censura reservada deberá hacerse conforme a derecho. Es justamente al juez a quien le pertenece decir lo que el derecho exige. Si no, no se tendría necesidad de jueces y cada uno se haría justicia por sí mismo. No hacerlo, es introducir la arbitrariedad. Además, el Superior General delegó jueces para no tener que juzgar él mismo, pero como estos jueces declaran que la censura está reservada, es decir reservada al Ordinario que es el único que puede absolver, esto significa que, después de haberlo condenado, los jueces dejan al condenado a la discreción del Superior General a quien se deja la completa libertad de prolongar la pena.
2. Pena medicinal, pena vindicativa, conviene dar algunas precisiones para comprender bien de qué se trata.
La pena vindicativa tiene como finalidad reparar. Así la prisión, la multa, la publicación del proceso en los periódicos, etc. reparan, sean cuales sean las disposiciones del condenado.
La pena medicinal tiene por finalidad presionar al condenado a reconocer moralmente sus faltas. Ella es propia del derecho de la Iglesia y no existe en el derecho penal francés más que en lo que concierne a los menores.
Aquí, el objeto de la condenación, más allá de los actos llamados subversivos, es el desacuerdo del padre Pinaud con la Declaración doctrinal de abril de 2012. Está con todas sus letras en la sentencia. Es entonces en esto que deberá doblegarse. Él debe comprometerse a darle una confianza absoluta al Superior General. ¿Hasta qué punto? El acta de acusación y la última entrevista antes de la sentencia, así como las disposiciones de la sentencia contra el Padre Salenave, revelan perfectamente qué sumisión se espera del condenado.
Visto el carácter lacónico del juicio sobre este punto, y como es necesario saber lo que sucede, será necesario conocer todos estos documentos.
Un recurso jerárquico con efecto suspensivo (can. 1353 CIC-83) puede ser interpuesto contra la presente decisión en un término de quince días hábiles a contar desde la notificación de la presente decisión (can. 1630 § 1 CIC-83).
La pena se suspende el tiempo que dure el retraso de la apelación.
Hecho en Rickenbach, 28 de octubre de 2013.
Padre Henry Wuilloud, Juez ad hoc.
Padre Lukas Weber, Notario ad hoc.
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Nuestro comentario ha terminado. Solo resta la conclusión.
Este juicio no está construido racionalmente, algunos puntos faltan para una clara demostración, algunas prescripciones de derecho no son respetadas. No puede por lo tanto pretender ser un juicio jurídico, todo lector atento puede constatarlo.
La conclusión es inevitable, tal juicio es nulo, de una nulidad irremediable.
Recordando sin embargo que el abogado es un auxiliar de justicia encargado de colaborar con el establecimiento de la verdad, quisiéramos exponer lo que debió haber sido la solución de este problema.
Este asunto reposa primeramente sobre un elemento doctrinal. Fue por el Capítulo de 2012 que debió ser arreglado. Pero no lo fue. ¿Cómo juzgar entonces las reacciones frente a un problema que el mismo capítulo no resolvió?  Aquí tenemos el vicio fundamental de esta cuestión.
Pues, sin querer penetrar en los secretos del Capítulo, sabemos lo que sucedió allí. Algunos sacerdotes y al menos un obispo fueron con la finalidad de reestablecer la rectitud doctrinal sobre la cual todo reposa. Monseñor Williamson envió sus observaciones a cada capitulario con la misma finalidad. Pero, en definitiva, nada sucedió. Y es Superior general cometió una grave falta al no pedir que se llevara a cabo el debate hasta llegar a una respuesta cierta.
Pues se podrá pensar lo que se quiera de la declaración final del Capítulo, ésta da las condiciones concretas para retomar las discusiones con Roma y no arregló el problema doctrinal.
Sí, este es el vicio fundamental de los procesos de los Padres Salenave y Pinaud. Habría que purgar este vicio antes de comenzar el proceso. Las cosas hubieran sido más claras.
Sería anormal dejar al Padre Pinaud abandonado a su triste suerte ante tanta injusticia, pero su proceso y el del padre Salenave sobrepasan su caso. Dada su relación con los acontecimientos graves que enturbian la FSSPX, ellos nos conciernen a todos. Como auxiliar de justicia y miembro oficial de la Comisión San Carlos Borromeo, es mi deber aclarar a mis cofrades y a los fieles que tienen confianza en la Fraternidad. Y esto es tanto más importante pues estos procesos revelan documentos importantes que son por naturaleza públicos y que no pueden permanecer ocultos. El lector será el juez.